Reclamación internacional de pensión de alimentos

14/Jun/2018

Los matrimonios o parejas con hijos que se rompen y van a residir o ya residen en diferentes países, deben plantearse varias cuestiones antes de iniciar una reclamación internacional de pensión de alimentos. Imaginemos una pareja de españoles que se ha trasladado a Inglaterra y ha vivido allí durante 3 años. Al cabo de ese tiempo, la mujer se vuelve a España con los dos hijos menores de edad. En Inglaterra se litiga sobre la custodia de los menores y se determina que deben vivir con la madre y bajo su custodia en España. A la hora de pedir pensión de alimentos en casos parecidos al nuestro, la pareja se planteará, por separado, en qué país pueden presentar la demanda reclamando una pensión de alimentos. En materia de obligaciones alimenticias, acudimos al Reglamento Europeo (CE) nº 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia de obligación de alimentos.Este Reglamento europeo (aplicable en toda la UE en lo relativo a competencia judicial), establece las siguientes opciones a elegir para presentar la demanda reclamando alimentos para hijos menores de edad: 1º Ante el juzgado del país del residencia habitual del demando. 2º Ante el tribunal del país de residencia del acreedor de alimentos. En este caso, la pensión de alimentos seria para las hijas menores de edad, que son las acreedoras. Como estas residen legalmente en España con su madre, podría ser competente el tribunal Español. 3º En los casos en que se ha presentado ya el procedimiento de divorcio o nulidad, o filiación, se puede solicitar alimentos también en este tribunal (y, en su caso, en la misma demanda, por ejemplo si hemos solicitado ya el divorcio). 4º En los casos en que se ha presentado ya el procedimiento sobre responsabilidad parental, ese tribunal también seria competente. En este caso, la pareja ejercitó la acción relativa a la custodia de las menores en Inglaterra, y esos tribunales podrían haber sido competentes por esta vía para reclamar la pensión de alimentos, pero como no se hizo en su momento, ya no podría operar este foro, pues en España no se podría volver a pedir litigar por la custodia de las hijas a menos que se produjere un cambio de circunstancias. Cuando se trata de reclamaciones alimenticias para hijos mayores de edad o entre cónyuges o ex cónyuges o entre otras personas, existe la posibilidad de elegir el tribunal competente si las partes están de acuerdo y siempre que se ciña a las posibilidades permitidas en el Reglamento. 5º Se recoge también una competencia subsidiaria basada en la nacionalidad común de las partes, en este caso...

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¿Son competentes los tribunales españoles para litigar sobre responsabilidad parental cuando los progenitores residen fuera de España?

16/May/2018

Los divorcios de ciudadanos españoles con hijos, cuando residen fuera de España, suponen no sólo plantearnos si es posible presentar en España el divorcio sino también si será posible litigar en España sobre la responsabilidad parental de sus hijos. Veamos un ejemplo. Dos españoles con dos hijos menores de edad, residen en Túnez al haber sido desplazado por su empresa uno de los progenitores. A los 9 meses de residir en ese país, deciden divorciarse. Por determinadas circunstancias, ambos preferirían divorciarse y regular las medidas de custodia y visitas sobre sus dos hijos ante un juez español. Como ya explicamos en otra entrada, podrán divorciarse en España, aunque no residan en este país, al ser los dos nacionales españoles, por el foro de nacionalidad establecido en el art. 3 del Reglamento(CE) del Consejo nº 2001/2003 sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de crisis matrimoniales, conocido también como Reglamento Bruselas II bis. Respecto de la guarda y custodia de los dos hijos menores, o responsabilidad parental, acudimos al mismo instrumento internacional que permite tramitar ante  el mismo tribunal que esté conociendo sobre el divorcio, nuestras acciones relativas a la patria potestad, guarda y custodia de los hijos menores y el régimen de visitas, conceptos incluidos en el término “responsabilidad parental” recogido en el Reglamento Bruselas II bis. Esto es posible porque este Reglamento establece una competencia residual en los casos en que se haya solicitado el divorcio por el foro de nacionalidad común, lo que permite tramitar todo en el mismo procedimiento ante el mismo tribunal, lo que supone un ahorro de tiempo y de costes importante. Podemos concluir que, en el caso de españoles con hijos, residentes en el extranjero y que quieran divorciarse y litigar por la custodia de los menores en España , es posible presentar el divorcio y la custodia en nuestro país porque las normas de derecho internacional privado  lo permiten. Sin embargo, cada familia es diferente y es aconsejable analizar caso por caso ya que no será recomendable siempre tramitar el pleito en España o quizá pueda ser más beneficiosa otra solución. En Tulp Abogados somos especialistas en la materia y  podremos aconsejarle la opción que mejor se adapte a su caso personal....

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¿Puedo divorciarme en España si resido en otro país europeo?

18/Abr/2018

Las consultas relativas a competencia judicial en materia de divorcios internacionales siguen siendo muy abundantes en los despachos y, casi siempre, redundan sobre lo mismo ¿En qué país puedo presentar la demanda de divorcio? ¿Qué ley aplicaré al divorcio? ¿Será válida en otro país la sentencia que se dicte?. Nos centraremos en un supuesto muy frecuente sobre competencia judicial internacional. Pongamos un ejemplo. Pareja de española con alemán, residen en Munich desde hace más de 10 años. Contrajeron matrimonio en España y a los dos años, deciden trasladarse a Munich. La mujer se plantea el divorcio y, dado que toda su familia reside en España, consulta con nosotros si esto sería posible. Acudimos al Reglamento Europeo 2201/2003 sobre competencia y ejecución de sentencia en materia de crisis matrimoniales, nulidad y responsabilidad parental  (conocido como Bruselas II bis) el cual establece que, serán competentes en un divorcio internacional, los tribunales de los siguientes países miembros de dicho Reglamento:   1º Los tribunales del país donde tenga el matrimonio su residencia habitual, en este caso los de Munich. Sin embargo, en este supuesto no es lo que interesa. 2º También serán competentes los tribunales del  último lugar de residencia habitual de uno de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí. En este caso, tampoco no interesa aplicar este foro, porque los dos siguen residiendo en Munich y, donde el cliente quiere litigar no es ante tribunales alemanes 3º Tribunales del lugar de residencia habitual del demandado. No procede tampoco en este caso, a menos que la mujer se trasladase a vivir a España y fuera el esposo quién quisiera demandar a la mujer en España, lo que parece poco probable. 4º En caso de demanda de divorcio de mutuo acuerdo, tribunales de la residencia habitual de un de los dos cónyuges, lo que nos conduce de nuevo a los tribunales de Munich 5º Tribunales de la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, es decir, si la esposa decide trasladar su residencia a España con su familia, y deja pasar un año (en ese año, si el esposo la demanda en Munich, España perdería la competencia) 6º Tribunales de la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí los 6 meses anteriores a la presentación de la demanda y además, sea nacional de ese país, es decir, que la esposa, si se traslada a España a vivir, podría demandar sin necesidad de esperar un año, pues con esperar 6 meses, al ser nacional española, el Reglamento Bruselas II bis, reduce el tiempo para conceder competencia a los tribunales españoles. 7º Tribunales...

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Tulp Abogados presente en el Seminario sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 en América Latina

23/Mar/2018

La implementación del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores de 1980 fue tema a tratar durante el seminario organizado por Reunite y la Embajada de España en Londres el pasado 21 de marzo. Adriana de Ruiter asistió al evento, coincidiendo con jueces, abogados de varios países y miembros de la Autoridad central británica. El ponente, D. Ignacio Goicoechea, miembro de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya y representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, expuso los logros obtenidos y los retos pendientes en esta región. D. Ignacio Goicoechea destacó que en muchos países se ha concentrado la jurisdicción y por tanto se ha conseguido una mayor especialización de los jueces. Gracias a ello, se ha podido mejorar notablemente la aplicación correcta del Convenio. Ejemplo de ello es Brasil, donde se ha reducido el número de jueces competentes en la materia. Cumplir los plazos que marca el Convenio, las famosas seis semanas, sigue siendo un punto débil. Y a mayor duración del procedimiento, mayor complicación posteriormente para la ejecución de la orden de retorno del menor. Una vez que se ha producido el arraigo del niño en su nuevo entorno, la restitución al país de residencia habitual podría serle perjudicial. La mediación también sigue siendo una asignatura pendiente. Muchas legislaciones ya lo contemplan, pero todavía no es un método eficaz como sistema de resolución de conflictos relacionados con la sustracción de menores. Un reto que también tenemos en...

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Validez de matrimonios celebrados en el extranjero bajo ritos exóticos

20/Ene/2018

Es frecuente que nos consulten sobre la validez de un matrimonio celebrado en el extranjero bajo ritos exóticos. Para contestar esta pregunta, debemos saber qué se necesita para que, cualquier matrimonio, sea válido. En España, para que un matrimonio sea válido, deben concurrir tres requisitos: primero, que exista consentimiento valido y libre, emitido por los futuros cónyuges. El objetivo de este requisito es evitar, principalmente, matrimonios de complacencia o matrimonios concertados. Segundo, ambos contrayentes deben tener capacidad matrimonial, para lo que se examina la existencia de impedimentos como el de “ligamen”, “parentesco” o “edad”, y  por último, debe haberse celebrado en una de las formas de celebración del matrimonio permitidas por nuestra ley española. Sobre los dos primeros temas hablaremos en otro post. En este, vamos a centrarnos en qué supuestos el matrimonio celebrado en otro país, a veces ante ritos exóticos, puede tener validez en España. La forma del matrimonio, según nuestro Código Civil, es la manera de exteriorizar el consentimiento matrimonial, por lo que la forma engloba desde el tipo de ceremonia concreta, a los testigos, posibilidad de celebrarse por poderes, el idioma, anuncios y posibilidad de matrimonio por poderes, etc..) Vamos a distinguir dos supuestos: 1º) Matrimonio celebrado en el extranjero entre españoles o español y extranjero. En este caso, los futuros contrayentes podrán elegir entre, aplicar la ley del lugar donde se vaya a celebrar el matrimonio o si lo prefieren, la ley española. Pongamos un ejemplo. Luis residente en España, conoce a Evelyn, residente en Manila (Filipinas) y tras unos meses de noviazgo, deciden casarse en Filipinas. En este caso, pueden optar por casarse bajo el rito filipino y conforme con sus leyes, o pueden hacerlo por cualquiera de las formas prevista en España (civil, canónica, islámica, hebraica y religiones inscritas en el Registro de Entidades religiosas que hayan obtenido en España el reconocimiento de notorio arraigo). En estos casos, se debe tener especial cuidado de que se celebre ante autoridad competente en dicho país para asegurarnos de que pueda ser inscrito en nuestro Registro Civil Central español y despliegue sus plenos efectos. El matrimonio conforme a la ley filipina podrá ser en una forma civil o religiosa, aunque esa forma religiosa no esté prevista en España. Si es válida en Filipinas, dicho enlace, automáticamente, será válido en España.   Especial mención merecen las formas exóticas de celebración del matrimonio. Por ejemplo: Joaquín y Lola, residentes en España y apasionados de Star Wars, aprovechando sus vacaciones en EEUU, deciden contraer matrimonio en las Vegas, Nevada, vestidos de sus personajes favoritos desde su infancia, y oficiado por Darth Vader.  Para asegurarse de que ese matrimonio será válido en España, donde ambos mantendrán su residencia habitual, será necesario que...

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Exequátur de sentencias de divorcio no europeas

29/Ago/2016

Anteriormente explicamos el procedimiento de Exequátur de sentencias de divorcio europeas, que es diferente al caso de sentencias de divorcio no europeas. Este es el que vamos a explicar brevemente en esta entrada. Recordemos que este procedimiento  sirve para que una sentencia dictada en otro país sea válida en España y surta los mismos efectos que si hubiera sido dictada aquí. También  será necesario para ejecutar (hacer cumplir) dicha sentencia en España. Pongamos un ejemplo: Jennifer y Alberto se casaron en Colombia, en el Consulado Español, de manera que su matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil Central de España. Tuvieron dos hijos, hoy de 9 y 12 años. Hace dos años se divorciaron en Colombia, donde han residido siempre. Alberto, español, tras el divorcio, decidió volver a España y lo hizo con sus dos hijos. Años después, Alberto conoció a una persona y quiere volver a casarse. Para ello necesita que la sentencia Colombiana sea reconocida en España. Además, Jennifer, al enterarse, ha dejado de pagar la pensión de alimentos a sus dos hijos. ¿Necesita o no procedimiento de exequátur? En este caso SI necesita iniciar un procedimiento de exequátur. Para saber el procedimiento y la competencia judicial internacional en estos casos, debemos asegurarnos si España tiene algún convenio firmado con el país que dictó la sentencia cuyo exequátur necesitamos. Si no hay convenio, acudimos a la normativa interna española para determinar el juzgado competente y el procedimiento adecuado. Esta regula en la Ley 29/2015 de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Este procedimiento se inicia con una demanda judicial, obligatoriamente mediante abogado y procurador, dirigida ante el juzgado competente del lugar donde reside Alberto en España o donde deba hacerse efectiva la sentencia. Debe aportarse la sentencia de divorcio Colombiana original o testimonio de la misma, (si estuviera en otro idioma, debería aportarse también su traducción jurada) debidamente apostillada. El problema más común en los procedimientos de exequátur es notificar la demanda a la otra parte. En este caso a Jennifer, que reside en Colombia. El tiempo que se tarda en estas notificaciones depende mucho de cada juzgado, pero suele ser mucho, así como el coste de las comisiones rogatorias (medio por el cual se  practican las notificaciones entre diferentes estados no europeos). Una vez notificada la demanda, si la parte demandada no se opone al exequátur, se dictará una sentencia que declara el reconocimiento de la sentencia colombiana en España. Esto significa que tiene los mismos efectos que si se hubiera dictado por un juez español. Para el caso de tener que ejecutar la sentencia, es decir,  hacerla cumplir y obligar a Jennifer a seguir pagando la pensión de alimentos  a sus hijos, puede iniciarlo en España...

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Exequátur de sentencias de divorcio europeas

09/May/2016

En Tulp Abogados hemos podido observar que es frecuente confundir los casos en que es necesario iniciar un procedimiento de exequátur y cuando no lo es, además, ¿sabemos realmente qué es? ¿Qué es el procedimiento de Exequátur? Es un procedimiento judicial, que requiere abogado y procurador, cuya finalidad es declarar el reconocimiento en España de una sentencia dictada en otro país. Esto es necesario para que esa sentencia dictada por un juez extranjero  tenga la misma validez en España que en el país donde se dictó. Además, en su caso, será necesario para ejecutar  (hacer cumplir) dicha sentencia en España. ¿Es siempre necesario para que una sentencia europea sea reconocida en España? Vamos a distinguir dos casos: Caso 1: Matrimonio de española y alemán, casados en España. Se trasladan a vivir a  Alemania, donde en 2015 se divorcian. La mujer, Marta, española, decide volver a España y quiere que su sentencia de divorcio alemana sea reconocida en España y se inscriba en el registro civil español. ¿Necesitará Marta iniciar un procedimiento de exequátur? La respuesta es NO. Las sentencias de divorcio dictadas en países europeos, no necesitan procedimiento de exequátur, pues el Reglamento EU 2201/2003, sobre competencia y reconocimiento de sentencias de divorcio, separación y responsabilidad parental,  no lo exige. Este Reglamento Europeo entró en vigor para toda la UE (salvo Dinamarca) el 1 de marzo de 2005. En este caso Marta deberá solicitar al juzgado alemán que dictó su sentencia de divorcio que le emita un cerificado. Ese certificado se emitirá con arreglo al Anexo I del propio Reglamento 2201/2003. Desde Tulp Abogados podemos ayudarle a conseguir dicho certificado. En estos casos, las sentencias de divorcio son sometidas a un “reconocimiento” de su validez en el país donde vaya a surtir efectos. Una vez emitido, la sentencia de divorcio francesa es perfectamente valida y se podrá inscribir en el registro civil español en el que conste inscrito el matrimonio de Marta. Caso 2: Pongamos el mismo caso anterior, solo que en esta ocasión, Marta y su marido Frank se divorciaron en Alemania en 1990. Es decir, antes de la entrada en vigor del reglamento 2001/2003, e incluso de la entrada en Vigor de su sucesor, el reglamento 1347/2000, que entró en vigor el 1 de marzo de 2001. En este caso, necesariamente, debemos iniciar un procedimiento judicial de exequátur, con abogado y procurador. Para sentencias que no sean de derecho de familia, se aplican otros reglamentos europeos, tal como veremos en otra entrada de nuestro...

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Derecho Internacional Privado y régimen matrimonial. Si me caso en el extranjero ¿puedo elegir la ley aplicable al régimen matrimonial?

29/Ene/2016

  El derecho internacional privado está presente en toda relación jurídica entre particulares y  en el régimen matrimonial no iba a ser menos.  Cuando las personas que contraen matrimonio son de distinta nacionalidad, o siendo de la misma van a residir en un país diferente del que son nacionales, entran en juego las normas de derecho internacional privado. Estas permiten elegir la ley aplicable a su régimen matrimonial. Veamos que debemos tener en cuenta en estos casos. Desde el momento en que dos personas contraen matrimonio comienza a funcionar su régimen económico. En España tenemos tres clases de regímenes matrimoniales: El de gananciales, separación de bienes, y el régimen de participación. En otros países hay otras modalidades de regímenes económico matrimoniales, por ejemplo, en Holanda, Dinamarca o Filipinas, existe comunidad absoluta de bienes que significa que tanto lo que los cónyuges aporten al matrimonio como lo que adquieran durante el mismo será de los dos. Con estos datos, pensemos en un ejemplo: Una mujer española se casará con un señor neerlandés en Holanda. Tras el matrimonio van a residir en España. La señora tiene varios inmuebles en el centro de Madrid adquiridos por herencia que están alquilados y le dejan mucho dinero cada mes, además de su salario, mientras que el señor sólo tiene su salario que es inferior al de la mujer ¿Se les va a aplicar el régimen económico matrimonial de comunidad absoluta de bienes, el de sociedad de gananciales o el de separación de bienes? La diferencia entre uno y otro dada su situación, es abismal. Si los cónyuges no hacen nada antes de contraer matrimonio, como van a vivir en España y en concreto en Madrid, se les aplica el régimen de gananciales y la mujer deberá compartir las rentas de sus pisos alquilados con el marido. ¿Podrían elegir que se aplique la ley española al matrimonio? Sí, pues nuestro código civil permite elegir la ley aplicable al régimen económico matrimonial  entre la ley de nacionalidad o la de la residencia habitual de cualquiera de ellos. Por supuesto, si quisieran los dos, también podrían elegir la ley danesa y tener comunidad absoluta de bienes. En esta elección, si quieren podrían optar por elegir separación de bienes y la mujer no tendría que compartir las rentas de sus pisos alquilados, a menos que lo quiera hacer voluntariamente. Requisitos: 1.-La elección de  ley se debe hacer en documento auténtico (ante notario) 2.-Que esta elección se haga antes de la celebración del matrimonio. Si la lo hicieran con posterioridad al matrimonio, se casarían en régimen económico matrimonial de  gananciales y aunque pueden elegir después el régimen de separación de bienes, tendrían que liquidar la sociedad ganancial. Si este matrimonio fuera a...

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7 cosas que debe saber sobre el nuevo divorcio ante notario.

12/Sep/2015

  La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria  introduce la posibilidad formalizar el divorcio o separación de mutuo acuerdo ante Notario. Los requisitos son los siguientes; 1.-El divorcio debe ser de mutuo acuerdo y sin hijos menores de edad o discapacitados: Sólo podremos ir al notario si se dan los dos requisitos: Además de estar de acuerdo en todos los puntos del divorcio, no puede haber hijos menores de edad ni hijos con la “capacidad modificada judicialmente “ (que no es otra cosa que la antigua sentencia de incapacitación judicial). Si los hubiera, obligatoriamente debemos acudir  al juzgado para el divorcio aunque exista un acuerdo. 2.-El divorcio se formaliza en escritura notarial: Esta escritura debe contener, por una parte una declaración de voluntad de los dos esposos de que quieren divorciarse. Por otra parte, se debe unir a la escritura el Convenio Regulador que no es otra cosa que un documento en el que se deben reflejar los aspectos que van a regir el divorcio de una persona. Es aconsejable que se negocie y se redacte el Convenio mediante Abogado especializado en la materia, y previamente a llevarlo a la notaría, deberá ser firmado por ambos cónyuges. 3.-Contenido del Convenio Regulador. Este convenio debe tratar unos puntos que establece el art. 90 del Código Civil y que, exceptuando los aspectos relativos a las relaciones con los hijos menores que no entran en esta forma de divorcio, son las siguientes: La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.  La contribución a las cargas del matrimonio (gastos comunes) así como sus bases de actualización y garantías en su caso.  La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.  El establecimiento de una posible pensión compensatoria. 4.- Intervención de ambos cónyuges en la firma “de modo personal”. Esto en principio supone que es un acto personal de cada cónyuge y no se puede otorgar un poder a otra persona para que se divorcie en su lugar, por lo que la presencia de los dos será obligatoria cuando se ratifique el convenio regulador ante el Notario. 5.- Necesario consentimiento de los hijos mayores de edad, si los hay. Si ambos cónyuges o cualquiera de ellos tiene un hijo mayor de edad, exige la ley que debe dar su consentimiento al divorcio. Este sorprendente requisito puede frustrar o bloquear estos divorcios, pues si no se otorga, no quedará más remedio que acudir al Juzgado. Al menos, tal y como está redactada actualmente la ley. ¿Qué pasaría si el hijo de 18 años no quiere dar su consentimiento? A día de hoy, parece que habría que recurrir a un contencioso ante el Juzgado, lo cual no deja de ser un tanto absurdo restando...

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Protección internacional de adultos: más vale prevenir que incapacitar

13/Jul/2015

El rechazo a la incapacitación judicial es un sentimiento generalizado. Cuando un familiar o allegado sufre una enfermedad psíquica o física que le impide valerse por sí misma,  nos hacemos la misma pregunta ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que acudir necesariamente a un juez para que me nombre tutor de mi marido, padre o madre para poder gestionar sus asuntos mientras viva? La respuesta es: no siempre. Hay varias figuras jurídicas que permiten no tener que acudir a la incapacitación judicial. Antes de entrar en el estudio de estas figuras,  tenemos que hacer especial referencia a los casos de protección internacional de adultos, puesto que nuestra sociedad está globalizada, tenemos un número elevado de  mayores extranjeros, residentes en España,  que también pueden someterse a las figuras que a continuación vamos a tratar, pero tenemos que tener en cuenta lo establecido en las normas de derecho internacional privado. En este caso, sobre los poder preventivos, el   Art. 10.11. CC  establece que salvo que expresamente en el poder conste la aplicación de una ley concreta, se va aplicar la ley del país donde se vayan a ejercitar las facultades conferidas. Esto significa que si un alemán que reside en España, otorga un apoderamiento preventivo a su hijo, salvo que diga expresamente que quiere que se aplique la ley alemana, va a regir la ley española, lo que es más aconsejable si todo el patrimonio se encuentra en nuestro país.   ¿Qué figuras jurídicas existen en España para prevenir una situación de discapacidad? 1.- Apoderamientos preventivos  Son poderes generales o concretos para que una persona  haga en nombre de otra una serie de actos que se especificarán en el poder, mientras está en plenas facultades físicas o psicológicas o cuando sabe que estás se van a deteriorar hasta perderse (claro ejemplo es el caso del diagnóstico del Alzheimer). Sirven, como su nombre indica, para prevenir una situación de desprotección de la persona mayor. El  supuesto más común es cuando se otorga poder con amplias facultades de administración y disposición al cónyuge o a uno de los hijos para cuando no pueda salir de casas -o sus facultades psíquicas ya no son de fiar o simplemente porque no está en la misma ciudad. Asi, por ejemplo, podrán alquilar una vivienda en su nombre, gestionar los pagos pendientes o cancelar una cuenta bancaria. 2.-  Autotutela Es la posibilidad que tiene una persona plenamente capaz de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia futura modificación de la capacidad. Pueden ser tanto sobre su patrimonio como sobre su persona, salvo el aspecto médico. 3.-  Instrucciones Previas Es una declaración de voluntad de una persona mayor de edad y con plenas facultades, por...

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