El vienes 12 de junio, asistimos a las Jornadas “trabajando en pro de la infancia y la adolescencia”, organizada por EMIN (Confederación por el mejor interés de la infancia). La Jornada se desarrolló con tres mesas redondas compuestas por diferentes profesionales como un Letrado del Gabinete técnico del Tribunal Supremo, psicólogos forenses y privados, abogados, pediatras  y trabajadores sociales.

La primera mesa expuso un tema  de gran  actualidad como es la custodia compartida. Se repasó su situación jurídica desde que por primera vez se reguló en España en la reforma del Código Civil de 2005, pasando por las legislaciones forales hasta la situación actual básicamente basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También se debatió sobre la necesidad de la prueba pericial de los menores y los progenitores para valorar el régimen de custodia más  beneficioso para el menor. En este punto no todos los profesionales estuvieron de acuerdo.

 

Jornadas EMIN 2015


En la segunda mesa se trató la incidencia del procedimiento judicial en los menores. El pediatra social que expuso el tema, habló sobre cómo afecta físicamente en los menores estos procedimientos, pues detecta que somatizan físicamente la tensión que el divorcio de sus progenitores les genera. Por otro lado,  una psicóloga forense explicó  las secuelas psicológicas de su participación en los procedimientos judiciales. No obstante, el  derecho del menor a ser oído en el procedimiento es esencial, siendo en ocasiones  complicado conciliar ese derecho con los efectos negativos  que la participación del menor en el procedimiento judicial pueda tener sobre ellos. Lo que es una realidad es que los menores son los principales perjudicados en el proceso sobre su custodia, por lo que somos los que trabajamos en el caso quienes debemos preocuparnos por cumplir con minimizar el impacto de la ruptura familiar.

La última mesa redonda expuso algunas medidas para la mejor protección de la infancia y la adolescencia.

La conclusión que sacamos de estas jornadas es la dificultad que entraña materializar el principio del interés superior de los menores en el procedimiento judicial sobre su custodia y demás medidas para su protección,  dependiendo del caso concreto y, como siempre, del juzgado en el que recaiga el asunto.